La Procuraduría General de la Nación convocó a organizaciones de representantes de víctimas, líderes y lideresas con el fin de abordar la apertura del Macrocaso 11: violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado en Colombia.

En el encuentro, la Procuradora Margarita Cabello Blanco destacó los avances que se han logrado en materia de derechos humanos gracias al trabajo conjunto con las organizaciones de víctimas y la cooperación internacional.

La jefe del Ministerio Público insistió en la necesidad “imperiosa” de que se abra inmediatamente el macrocaso 11 y se “sumen esfuerzos entre las organizaciones de representantes de víctimas, líderes y lideresas sociales y el Ministerio Público para obtener este reconocimiento inmediato para las mujeres y la población LGBTIQ+”.

Como primera mujer Procuradora en 193 años, reiteró el compromiso del ente de control para acentuar esfuerzos en la transformación de las condiciones de las víctimas de las violencias basadas en género. “Necesitamos que comprendan que fueron víctimas de la barbarie del conflicto y de que ninguno de esos hechos victimizantes debieron haber ocurrido. Debemos garantizar el acceso a la justicia transicional, en pos de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición tal como lo consagra el espíritu del Acuerdo de Paz”.

Los representantes de las víctimas, por su parte manifestaron que están a la espera de la apertura del macrocaso 11 como una forma de reconocimiento de sus derechos e hicieron un llamado a JEP para que no “profundicen los daños ya causados”, antes y después de La Habana.

También destacaron que las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+ históricamente en el país han contado con un rezago para acceso a la justicia y reparación, y pidieron participación real en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La Procuradora recordó que, según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, “se han incluido más de 37 mil víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado”; así mismo, alertó que “9 de cada diez 10 personas violentadas sexualmente durante el conflicto interno fueron mujeres y lo que agrava más la problemática, se desconoce en casi 90 % de su situación actual; es decir, no sabemos si están vivas, muertas o desaparecidas”.