La pérdida de más de 4.200 millones de pesos ($ 4.203.798.684) por posibles irregularidades en la administración de bienes inmuebles del Fondo para la Reparación a las Víctimas y anomalías en la contratación de bienes y servicios durante el periodo 2018-2022, fueron algunos de los principales hallazgos de una auditoría forense realizada a dicho fondo en consecuencia de alertas por presuntos actos de corrupción.

Este análisis fue realizado luego de una solicitud de la actual administración de la Unidad para las Víctimas, con el fin de lograr un diagnóstico del estado del FRV y así determinar posibles irregularidades en el manejo de los bienes destinados a la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias de la Ley de Justicia y Paz. La auditoría fue realizada por la Secretaría de Transparencia.

Para este Gobierno es una prioridad recuperar y proteger los recursos públicos de las víctimas del conflicto armado. Por esa razón, a medida que avanzaba la auditoría y se iban identificando los hallazgos, la Unidad adelantó diferentes acciones de mejora con el fin de evitar una mayor afectación y contener el detrimento identificado.

¿Cuáles son los principales hallazgos?

Según la auditoría, la principal causa del detrimento de los 4.200 millones de pesos es porque se pudo identificar que, en algunos casos, no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Según la auditoría forense, esta irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos ($ 3.786.954.885) entre 2018 y 2022.

El análisis también arrojó que otra de las causas de este detrimento fue que el canon de arrendamiento reportado era inferior al de la estimación, causando pérdidas por 98 millones de pesos ($ 98.684.438). Además, la auditoría indica que, en ciertos casos, el método sugerido para la estimación del canon es el que le generó menos ingresos al Fondo para la Reparación a las Víctimas, causando un detrimento mayor a los 63 millones de pesos ($ 63.485.289).

Otros hallazgos sobre los posibles malos manejos que presuntamente causaron este detrimento en los recursos percibidos por el arrendamiento de bienes inmuebles son:

El detrimento patrimonial de 233 millones de pesos ($ 233.460.885) debido a que la estimación del canon sugerida es inferior a estimaciones de canon anteriores, así como el no incremento del canon de arrendamiento durante varios periodos, que resultó en un detrimento de 21 millones de pesos ($ 21.213,186).

Que a sabiendas que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación.

Que se realizaron estimaciones de cánones de arrendamiento sin verificaciones ni labores de campo. “Al no realizar visitas a los predios, sus estimaciones carecen de soporte y veracidad porque desconocen las condiciones físicas y productivas de estos. En consecuencia, el método utilizado para el cálculo carecía de soporte”, dice el informe de la auditoría.

Por otro lado, Transparencia menciona que, tras la alerta por los presuntos malos manejos en la administración de algunos bienes del FRV, se encontraron posibles irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios.

Se resalta que, entre 2018 y 2022, grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos ($ 84.585.794.564). De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión: “Esta concentración de la contratación se vincula con irregularidades en la ejecución de los contratos”.