Un informe del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, dado a conocer en Pasto, Nariño, indica que el 66 % de los conflictos sociales en los niveles de educación preescolar, básica y media están relacionados con la vulneración del derecho de niñas, niños y jóvenes a educarse.

Es decir, los eventos presentados se debieron a dificultades con infraestructura inadecuada, deficiencias en los servicios básicos, escasez tanto de personal administrativo como de docentes orientadores y personas de apoyo en los servicios generales, además de incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Adicional a ello, en materia de accesibilidad hay falencias en el servicio de transporte escolar, especialmente en zonas rurales.

El informe, presentado en el espacio ‘Diálogo Defensorial para la Transformación’, también indica que frente a la aceptabilidad hay escasas o inexistentes posibilidades de educación para grupos poblacionales con necesidades educativas especiales, debido a su condición física o mental.

En materia de adaptabilidad o permanencia, se registra aumento de la deserción escolar y el bajo o nulo acceso a nuevas herramientas tecnológicas, como el acceso a internet.

Los datos recopilados entre enero del 2022 y junio del 2023 por la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social además evidencian el registro de 284 eventos de conflictividad en el país, manifestados a través de concentraciones o movilizaciones (con el 39 %) y bloqueos de vías (30 %), de los cuales solamente el 11 % resultaron en disturbios.

Los eventos, que ocurrieron en 131 municipios de 29 departamentos, sucedieron mayoritariamente en la región Andina (105, para un 37 %), la región Caribe (81, el equivalente al 29 %) y Bogotá (59, un 21 % de los eventos). Luego estuvieron las regiones Pacífica (10 %), Orinoquía (2 %) y Amazonía (2 %).

Frente a las dinámicas identificadas, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado al Ministerio de Educación y las entidades territoriales a liderar las estrategias necesarias, con miras a garantizar el pleno acceso al derecho a la educación y, con ello, prevenir el escalamiento violento de conflictos sociales.

Adicionalmente, les solicita asegurar la disposición de los recursos para cumplir con las demandas en materia de mejora, construcción y adecuación de la infraestructura educativa, incluida la tecnología para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.