Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, se dio un giro significativo en la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en Cesar y La Guajira, que dejó atrás el alto porcentaje solicitudes de fondo negadas para los campesinos víctimas del conflicto armado de ambos departamentos, el cual históricamente era de un 70%.
Contrario a lo anterior, el año 2023, de la URT en Cesar y La Guajira cierra con un 75 % de decisiones de fondo favorables a los intereses de las víctimas en su necesidad de restitución, estadísticas que refuerzan los propósitos del Gobierno del Cambio en la búsqueda de la paz total en los territorios.

Entre las cifras del avance para esta territorial de la URT con sede en Valledupar, destacan 85 sentencias favorables a beneficiarios de restitución que dieron respuesta a 96 solicitudes de reclamantes de tierra a quienes se les devolvió 3.891 hectáreas.

De igual manera, los números de 2023 hablan bien de la gestión inicial de la URT en etapa administrativa. Al 30 de noviembre del presente año, la entidad ha tomado 367 nuevas solicitudes que a la fecha arrojaron 128 decisiones de fondo con vocación de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas (fase previa administrativa que da paso a las demandas de restitución).

Con relación a la gestión en el ámbito judicial, la URT Cesar, La Guajira, en 2023 presenta un avance de 103 demandas presentadas, las cuales dan respuesta a 142 solicitudes de reclamantes de restitución. Otro punto destacado de estos once meses de labor de la territorial se presenta en las 192 revocatorias a decisiones de no inscripción (etapa administrativa), revisión de casos que lleva nuevamente la etapa de análisis de los casos que por alguna razón fueron negadas por la entidad.

Otra cifra muy importante da cuenta de la inversión en relación con los proyectos productivos que maneja el Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios de la URT. En este importante aspecto, en Cesar y La Guajira, en el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dado cumplimiento a 105 órdenes judiciales que derivaron en 86 proyectos productivos en ambos departamentos, contando con una inversión que supera los 3 mil 674 millones de pesos.