Con miras a combatir la ilegalidad en el transporte público que se está presentando en época de pandemia, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) junto con la Superintendencia de Transporte han incrementado los controles en las vías del país, en especial, en esta época, para detectar el uso de vehículos particulares e identificar a los conductores que destinen sus automotores para un servicio diferente al autorizado por ley.

De esta forma, el Gobierno nacional ha reforzado las acciones contra el transporte ilegal de pasajeros, cuando se utilizan vehículos particulares para este fin. En ese sentido, la DITRA identificó a los sujetos a quienes más veces se les han impuesto comparendos durante la pandemia, por conducir vehículos particulares en servicio diferente de aquel que fue autorizado. Los sujetos identificados operaban en diferentes partes del país como Aguachica, Cartagena, Ciénaga, Carmen de Bolívar, Santa Marta, y Riohacha, incurriendo presuntamente en lo que se conoce como “piratería” terrestre.

Al respecto, el director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional el General Carlos Ernesto Rodríguez, manifestó, que con todo el componente logístico y humano, con más de 7 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, se ha venido controlando permanentemente las salidas e ingresos a las ciudades capitales, cuyo único fin primordial es evitar la propagación de Covid-19, durante el inicio del aislamiento preventivo obligatorio.

Se han realizado 8.328 comparendos e inmovilizaciones por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito, establecido en la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito) el cual establece que “El vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”, equivalente a 59 comparendos e inmovilizaciones diarias que por alguna razón prestaban servicio de transporte informal.

Al tiempo se logró la captura de más de 293 personas por el delito de fraude a resolución administrativa, quienes aun teniendo su licencia suspendida, seguían conduciendo.