La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una completa estrategia investigativa y judicial para acompañar la jornada electoral del próximo 29 de octubre. En atención a lo definido en la Resolución 0-0406 de agosto del año en curso, las tres delegadas de la entidad y sus diferentes direcciones están articuladas para atender, de acuerdo con sus competencias, los hechos delictivos que afecten el normal desarrollo de las votaciones.

Asimismo, será instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para seguir en detalle la jornada, procesar las denuncias o eventos relacionados con obstrucciones a la participación democrática, y mantener una comunicación permanente con la autoridad electoral, la fuerza pública y otras entidades encargadas de garantizar la seguridad y la logística de los comicios.

“Resultados de la Fiscalía General de la Nación se han dado, porque además, se establecieron los fiscales itinerantes, se establecieron unidades que recorren el territorio nacional, con fundamento en un Mapa de Riesgo Electoral y con líneas de investigación priorizadas. ¿Cuáles fueron entonces esas líneas de investigación priorizadas? Delito que llegue a la Fiscalía de temas electorales, rápidamente se encajona en esas estructuras que se crearon (…) y podamos establecer unos parámetros de lectura sistémica, unificada de los resultados electorales”, indicó el Fiscal General Barbosa Delgado.

Los equipos conformados por 5.700 funcionarios entre fiscales y policía judicial del CTI se trasladan a los territorios para apoyar los actos investigativos y atender de primera mano los requerimientos ciudadanos.

“Estamos listos, queremos enviarle un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad, la Fiscalía General de la Nación protege a la democracia, protege el derecho de los ciudadanos a salir el domingo a que puedan ejercer libremente su derecho democrático a relegitimar las autoridades en Colombia”, destacó el Fiscal General.

Riesgo electoral

En atención a la Resolución 0-0406 de 2023, se elaboró un Mapa de Riesgo Electoral, el cual es alimentado permanentemente con los reportes recibidos por delitos electorales y otros hechos que representan peligro para la vida y la integridad de candidatos y electores. El mapa se realizó teniendo en cuenta una suma de 1.102 municipios, el Archipiélago de San Andrés y Providencia, al igual que 18 áreas no municipalizadas en el país, que dan un total de 1.121. El mapa refleja hasta el momento lo siguiente:

259 municipios están categorizados con riesgo alto por cualquier conducta delictiva, entre estos Puerto Gaitán (Meta), Soacha (Cundinamarca), Puerto Colombia y Barranquilla (Atlántico); 494 municipios están en riesgo medio y 368 en riesgo bajo (que incluye los no municipalizados).

Por el accionar de los grupos armados ilegales enfrentan riesgo alto Arauca (7 municipios), Guaviare (4 municipios), Chocó (26 municipios) y Caquetá (12 municipios).

Con relación a posible fraude electoral, están en mayor riesgo Atlántico (17 municipios), Córdoba (17 municipios), Sucre (15 municipios) y Chocó (15 municipios).

Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá y Cesar, son los departamentos en riesgo alto por violencia contra líderes políticos.

Con la estructuración del mapa de riesgo se destaca la planeación y organización que tiene la Fiscalía frente al proceso electoral.