La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre un inmueble que habría sido usado por una estructura delincuencial para mantener secuestrada a una persona.

El 28 de febrero de 2020, un grupo armado se llevó contra su voluntad al propietario de una finca ubicada en la vereda Santa Lucía de San Martín (Cesar). Posteriormente, los familiares de la víctima recibieron llamadas en las que un hombre, que se identificó como integrante del frente Camilo Torres del Eln, les exigió el pago de 2.500 millones de pesos por la liberación de su ser querido.

La persona secuestrada permaneció 114 días en una vivienda ubicada en zona rural de Río de Oro (Cesar). Finalmente, murió durante un intercambio de disparos entre los secuestradores y la fuerza pública. En el lugar fueron capturados varios de los presuntos delincuentes.

El inmueble donde estuvo encerrado el finquero fue ocupado y quedará a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).