La población trans privada de la libertad en Colombia enfrenta una situación de triple vulneración: por su condición de reclusión, por el estado precario del sistema penitenciario y por su identidad de género. Así lo advirtió Valentina Villamarín, profesional de investigación social del Instituto Rosarista de Acción Social (Seres) de la Universidad del Rosario, en un análisis sobre las condiciones y necesidades de este grupo.
“Estamos buscando comprender y visibilizar lo que ocurre en las cárceles del país, puntualmente con la población trans privada de la libertad. A nivel de cifras, el INPEC o las entidades a cargo no detallan qué experiencias y necesidades puntuales tiene una persona trans en prisión”, explicó la investigadora del Instituto Seres, centro que se dedica a la investigación, formación y voluntariado para contribuir al desarrollo local y fortalecer a las comunidades, en este caso de las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con el libro “Derechos para la transformación y la dignidad en personas trans privadas de la libertad”, la falta de espacios seguros, la ausencia de protocolos diferenciados y la discriminación estructural son problemas persistentes. “Hay mujeres trans en cárceles de hombres y hombres trans en cárceles de mujeres. Eso significa que no se respetan las identidades de género y que se enfrentan a discriminación, rechazo y violencia física”, explicó Villamarín, una de las autoras.
Entre los principales vacíos detectados por el Instituto Seres de la Universidad del Rosario está el acceso a la salud con enfoque de género. Villamarín enfatizó que “la salud no es solamente para la enfermedad, también debe incluir el acompañamiento a la transición de identidad de género, lo que implica garantizar atención endocrinológica y un suministro adecuado de hormonización”. Sin embargo, advirtió que “muchas personas trans se autoformulan tratamientos, arriesgando su salud, y en ocasiones interrumpen su tránsito como mecanismo de supervivencia para evitar agresiones en los centros carcelarios”.
La investigadora recordó que, aunque existe una resolución del Inpec sobre enfoque de género, esta surgió “por fallos de tutela y no como una iniciativa general para garantizar derechos”. También señaló que persisten barreras para el ingreso de prendas de vestir acordes a la identidad de género y para el reconocimiento de visitas íntimas sin discriminación.
En 2023, según cifras oficiales, había 243 personas trans identificadas en cárceles. Villamarín advierte que la cifra está subestimada porque “muchas no se reconocen públicamente por miedo a ser discriminadas o violentadas”.
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