Destacar la importancia y la eficacia de las acciones populares interpuestas por la Defensoría del Pueblo en el departamento del Cesar, las cuales han resultado fundamentales para la protección de los derechos colectivos de la comunidad vallenata, fue el eje del Observatorio de Acciones Constitucionales que desarrolló la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la mano de la Regional Cesar.

Este espacio se llevó a cabo en la Fundación Universitaria Área Andina, el cual contó con la participación de 80 estudiantes del programa de Derecho de ese plantel educativo, como también con lideresas y líderes comunitarios comprometidos con la protección y defensa de los derechos constitucionales y colectivos en el departamento.

Durante la jornada se analizaron las acciones populares, entre ellas la del Balneario Hurtado, que ordenó a la Alcaldía de Valledupar elaborar y ejecutar, en un plazo de seis meses, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual debe incluir medidas preventivas y de respuesta específicas para los incidentes de ahogamiento en ese espacio de recreación y esparcimiento.

Asimismo, se expusieron los alcances de la acción popular sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan los habitantes de calle en inmediaciones del colegio Loperena, situación que puso de presente la falta de seguridad y los problemas a la salubridad pública, el acceso a servicios básicos, el goce de un ambiente sano y el uso adecuado del espacio público.

Dicha acción popular fue fallada en octubre de este año para ordenar a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar en un plazo máximo de seis meses a que realicen las acciones necesarias para identificar y caracterizar a esta población, y también para que en un término de nueve meses destinen los recursos económicos y ejecuten los procesos contractuales pertinentes para implementar un hogar de paso o espacios suficientes que aseguren la atención integral de estas personas.

En este escenario, la Defensoría exhortó a las entidades territoriales y autoridades competentes a dar cumplimiento a los fallos emitidos en estas acciones populares, en aras de garantizar el respeto por los derechos colectivos, ello en beneficio de las comunidades.