La Contraloría General de la República presentó hoy el estudio “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito durante el periodo comprendido entre 2014 y 2024”, en el que se detectaron riesgos en la formalización y actualización catastral en el país, así como riesgos financieros en la implementación del catastro multipropósito.

Este estudio, que fue elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, en coordinación con la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, y el apoyo de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, analizó los avances y retos en la implementación del catastro multipropósito en el país durante la última década, y encontró las siguientes situaciones:

Riesgo de una baja formalización y actualización catastral en el país, que se refleja en solo 73 municipios, lo que representa 8.846.926 hectáreas (zona urbana y rural), de un total de 114 millones que tiene el país. Además, pese a que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se estableció como meta de implementación el 70%, se requiere acelerar la cobertura completa del territorio, dando prioridad a los municipios con mayor rezago y fomentando la coordinación interinstitucional.

Riesgo de pérdidas de apropiación de los recursos destinados a la implementación del Catastro Multipropósito, como sucedió en el periodo 2016 y 2019, cuyo promedio fue del 9,25 %; es decir, casi una décima parte de los recursos disponibles no aprovechados, mientras que entre 2020 y 2023 fueron del 46 %.

Riesgo en la interrelación efectiva entre la información de catastro y registro, dado que aún persisten deficiencias en la implementación de los sistemas tecnológicos, donde el 91,45% del área rural y el 72,10 % de la urbana no disponen de datos actualizados, reflejando un rezago significativo en los registros catastrales disponibles en el país.

Riesgo por baja ejecución presupuestal para la implementación del catastro multipropósito en municipios históricamente vulnerables, tales como, los afectados por el conflicto armado y la pobreza, los que, pese a la asignación de recursos, se encuentran desactualizados y por formar.

Estos riegos se podrían llegar a consolidar en un mediano a largo plazo si no se toman medidas para modificar las tendencias observadas en el proceso de implementación de la política pública de Catastro Multipropósito del país.

En cuanto a la trascendencia social, el poco avance en la implementación del Catastro Multipropósito no ha permitido la implementación del Acuerdo a la Reforma Rural Integral, la cual busca formalizar y redistribuir la tierra, como se estableció en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en Colombia en el 2016.