La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que, como resultado de un análisis técnico consolidado con corte al 22 de enero de 2026, se identificó una afectación aproximada de $ 2,6 billones de pesos derivadas de 291 medidas cautelares de embargo que recaen sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El análisis adelantado por la Superintendencia se fundamenta en la información remitida por las EPS mediante ejercicios de autorreporte. Esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud.

Desde una perspectiva territorial, el análisis evidenció que a la fecha Bogotá D.C., Antioquia (Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados.

En cuanto a la concentración por actores del sector, Nueva EPS y COOSALUD EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por embargos por la red de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes, lo que refleja tanto el volumen de procesos en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas.

La Superintendencia Nacional de Salud reitera que los recursos del SGSSS tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, y que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema, como se señaló el pasado 19 de enero, en el Concepto Unificado la SuperSalud en el que se señala la regla general de la inembargabilidad de los recursos del sistema, https://n9.cl/onqaf, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva, definidas por la jurisprudencia constitucional.

El análisis consolidado de los procesos judiciales de medidas con embargo pone de presente la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a estos procesos, así como de realizar constante seguimiento y acompañamiento permanente al impacto que dichas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de recursos públicos del sistema de salud, en el marco de las competencias, tanto de la rama judicial como de la Superintendencia Nacional de Salud.