El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, respalda la decisión judicial que ordena investigar los pagos realizados por la Fiduprevisora S.A. en su administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por concepto de prima de mitad de año durante las vigencias 2024 y 2025.
El Gobierno insiste en que la sostenibilidad del sistema depende de que cada reconocimiento económico se ajuste estrictamente a la Ley y a las decisiones judiciales vigentes, en concordancia con el principio de supremacía constitucional y al derecho de los docentes a recibir las prestaciones sociales reconocidas por el ordenamiento jurídico.
La decisión fue adoptada por un juez constitucional, en el marco de una acción de tutela y tiene como propósito establecer eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales frente a los desembolsos efectuados durante los periodos señalados.
Desde el Ministerio se acogen a las decisiones adoptadas por el juez constitucional y respaldamos las determinaciones que, en ese marco, se profieran para garantizar el principio de legalidad y la transparencia que deben regir toda la administración pública.
Asimismo, informó que solicitó información jurídica, técnica y financiera a Herman Bayona, vicepresidente del Fomag en Fiduprevisora S.A., mediante los comunicados 2025-EE-365540 (10 de diciembre de 2025) y 2026-EE-045491 (7 de febrero de 2026), sin que a la fecha se haya recibido respuesta. Según indicó, esta situación dificulta la verificación plena de la legalidad y pertinencia de los pagos.
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