El Gobierno colombiano aseguró este lunes que examinará en profundidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH) que condenó al Estado por el «plan de exterminio» del partido izquierdista Unión Patriótica (UP), puesto en marcha a mediados de los años 80, pero se comprometió a acatarlo.

«Vamos a examinar las órdenes y recomendaciones de la CorteIDH que ha determinado la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de tantos miles de integrantes de UP», aseguró en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La Corte de San José se pronunció este lunes sobre las violaciones a los derechos humanos por más de dos décadas de más de 6.000 integrantes o simpatizantes de este partido político de izquierdas surgido de un proceso de paz con las FARC.

El tribunal internacional consideró al Estado colombiano parte de este «plan de exterminio sistemático», ya que hubo participación de agentes estatales y «tolerancia y aquiescencia de las autoridades», lo que constituyó «un crimen de lesa humanidad».

Velásquez aseguró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reafirmado en varias ocasiones que respetará las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, así como las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, presentado en junio del año pasado.

Y en ese sentido, en la línea de un «absoluto respeto de los derechos humanos», el ministro afirmó: «Pueden tener la confianza que revisado con detenimiento este fallo de la Corte, el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional en su conjunto acatará absolutamente esta decisión».

La sentencia del tribunal estableció que «la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros».

Con base en ese argumento, la CorteIDH ordenó al Estado «iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir».

También mandó efectuar la búsqueda de los militantes que siguen desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio y construir un momento en su memoria. (EFE).