En el marco de la concertación de un plan de acción interinstitucional para responder a la sentencia T302 de 2017, que estableció el estado inconstitucional de cosas en La Guajira, Prosperidad Social, en cabeza de Cielo Rusinque, anunció que elevará a 2.400 el número de Unidades Productivas de Alimentos para el Autoconsumo –UPAA– para beneficiar a igual número de hogares indígenas de la comunidad wayuu.

Rusinque dijo que la entidad está “haciendo un gran esfuerzo para lograr superar el estado inconstitucional de cosas, más allá de las exigencias de la sentencia, porque nuestro objetivo no solo es cumplir, sino realmente solucionar la situación de emergencia que viven las comunidades wayúu.”

En el ejercicio de concertación con los líderes étnicos participaron también el Ministerio de Agricultura y entidades adscritas del sector, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades del orden nacional.

Las Unidades Productivas de Alimentos para el Autoconsumo están constituidas por una huerta y animales, para cuya implementación la entidad aporta semillas, capacitación y unidades o pies de cría de especies menores animales, entre otros insumos y/o elementos. Con la cifra revelada por Rusinque, Prosperidad Social duplicaría el número de hogares beneficiarios que era de 1.200 familias. La inversión estimada para esta ampliación de la atención es de 10.000 millones de pesos y su duración será de diez meses.

La directora de Prosperidad Social también se comprometió a que la implementación del programa se haga de la mano de las autoridades wayuu: “las familias beneficiarias serán seleccionadas teniendo en cuenta la información que las autoridades nos remitan, y la oferta corresponderá a los usos y las costumbres de la población atendida. Para esto adelantaremos mesas técnicas con las personas designadas por las comunidades.”

Este compromiso de la entidad se concertó con la comunidad wayuu en reuniones públicas realizadas en los territorios ubicados en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, en La Guajira. Se refrendó ante los voceros wayuu durante el encuentro, que tuvo lugar ayer en Bogotá, horas antes de que el plan de acción sea radicado ante la Corte Constitucional.

Rusinque manifestó “el acuerdo va más allá de las exigencias de la sentencia T302 de 2017 y es muestra de nuestro compromiso en implementar medidas de tipo estructural que requiere urgentemente La Guajira. Sabemos que no dan espera para solucionar la crisis humanitaria que vive la población wayúu.”