La compañía carbonífera Drummond Ltda. se defendió de las acusaciones del exparamilitar Jairo de Jesús Charris, alias Viejo Miguel, quien aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los directivos de la empresa sabían de los asesinatos a sus sindicalistas ejecutados por las autodefensas.

Viejo Miguel entregó un documento a la JEP en el que mencionó que el expresidente de Drummond Augusto Jiménez Mejía, quien estuvo en el cargo entre 1989 y 2013, tenía conocimiento de los asesinatos de líderes sindicales de esa empresa y que se perpetraron en el 2000.

Se trata del caso en el que fueron asesinados Valmore Locarno Rodríguez, Gustavo Soler Mora y Víctor Hugo Orcasita Amaya, quienes lideraban la organización sindical de Drummond, Sintramienergética.

Ante estas acusaciones, la empresa las negó todas y aseguró que lo que hay es «un cartel de falsos testigos, promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos, pero no lo lograron. Lo que sí han logrado es que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía, y ahora ante la JEP».

Desmintió a Jairo de Jesús Charris en los señalamientos contra la compañía y sus directivos de tener relación con los homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

«Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en Estados Unidos. El juez de EE.UU. que revisó la evidencia de esos pagos encontró que podían calificarse como “soborno de testigos y perjurio por soborno”. Ahora, Charris está contándole sus mentiras a la JEP para que le conceda la libertad», aseguró Drummond en un comunicado.

También dijo que Charris trató de extorsionar a Drummond, y que pudo ser capturado por las autoridades por información que entregó a la Fiscalía. «Es evidente entonces la esperable animadversión y deseo de revancha de este sujeto contra Drummond Ltd. y sus directivos», señaló la compañía.

En su testimonio ante la JEP, Charris también mencionó a Jaime Blanco Maya, quien era contratista de alimentos en las minas de Drummond y que fue condenado a 37 años de prisión por nexos con paramilitares en la década de los 90 y por el homicidio de estos trabajadores.

Charris dijo que, para planear los asesinatos, sostuvo reuniones con Blanco y con Jean Jakin, quien para ese momento era el director de seguridad de todas las operaciones de la carbonífera. Según el exparamilitar, Jean Jakin le dijo que “la orden de Gary Drummond era acabar con el sindicato así fuera mandarlos a matar”.

Sobre esto, Drummond también señaló que Blanco Maya ya había dado tres declaraciones a las autoridades investigadoras, afirmando que ni Drummond ni sus ejecutivos habían tenido relación alguna con grupos paramilitares.

Pero denunció que el excontratista de Drummond recibió pagos por más de $120 millones y, desde entonces, modificó su declaración para involucrar a la empresa y sus ejecutivos en supuestas alianzas con grupos paramilitares. «De hecho, Blanco se negó a firmar una declaración cambiando su historia mientras no hubiera recibido el dinero. Todas estas pruebas han sido entregadas a la unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la Nación», aseguró Drummond.

La multinacional también señaló que varios abogados realizaron pagos a Charris para ganar las demandas que interpusieron en Estados Unidos.

Dijo tener pruebas como correos electrónicos y comprobantes de transferencias bancarias realizadas periódicamente durante más de tres años y medio a Charris y su familia, por valores que oscilan entre $ 1,5 y $ 3 millones. «Charris y su familia recibieron más de $ 60 millones», aseguró Drummond. (Vía La República. LR).