Las acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia el actuar ilegal de seis personas que estarían involucradas en posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de alimentos para las Fuerzas Militares en Cesar.

Se trata de dos exfuncionarios de la Alcaldía de la Jagua de Ibirico (Cesar): el exsecretario de Gobierno, William Díaz Bazza; y el exjefe de contratación Carlos Borrego Daza. Además del teniente coronel del Batallón Energético y Vial número 2, David Franco Durán; el sargento viceprimero, Ricardo García Deiber; el teniente coronel, Bernardo Antonio Rozzo; y el contratista, Alfonso Rodríguez Quiñonez.

Estas personasfueron imputadas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de posibles inconsistencias en la firma de un contrato celebrado el 14 de junio del 2022 en el municipio, que tenía por objeto el suministro de alimentos a integrantes de la fuerza pública que prestarían servicio transitoriamente en esa zona, por un valor de 100 millones de pesos.

Durante la investigación se logró establecer que se habría omitido la realización de estudios previos y de mercadeo conforme a la ley, y que se celebró el contrato sin cumplimiento de requisitos como diversidad de cotizaciones, lo que generó que fuera direccionado a un solo oferente.

De igual forma, se evidenció que no se realizó una supervisión del contrato por parte del secretario de Gobierno de la época y que se firmaron actas de recibo a satisfacción por parte de comandantes del Ejército, relacionando como evidencias planillas con nombres de personas que supuestamente recibieron el insumo.

Sin embargo, los formatos habrían sido diligenciados por un suboficial con nombres de soldados que estaban en situaciones administrativas como vacaciones, permisos, licencias, entre otros.

Adicionalmente, se estableció que se pagó, terminó y liquidó el contrato, a pesar de que el objeto contractual no se habría cumplido.

Las capturas de los hoy imputados se materializaron en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y la Jagua de Ibirico (Cesar), en cumplimiento de una orden judicial por uniformados de la Policía y soldados del Ejército Nacional.

Por estos hechos un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio.