Labores investigativas adelantadas por la fiscalía general de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional permitieron judicializar a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Caminantes”.

Los procesados, al parecer, contrataban servicios de transportadores para, supuestamente, realizar trasteos o movilizar mercancías. Una vez los conductores llegaban a los lugares acordados eran retenidos contra su voluntad y les hurtaban los automotores.

También se constató que las familias de las víctimas de los robos eran contactadas vía telefónica, al parecer, desde la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar conocida como “La Tramacúa”. En las llamadas los interlocutores exigían elevadas sumas de dinero para dejar en libertad a los camioneros.

Las denuncias recibidas dan cuenta de que los detenidos, serían responsables de quitarles los objetos de valor a las víctimas; al igual que sus tarjetas bancarias para saquear las cuentas. La investigación determinó que esta organización venía delinquiendo principalmente en Cundinamarca, y se presume que lo propio hacían en otras regiones del país.

Uno de los eventos documentados ocurrió el 22 de noviembre de 2022 cuando un hombre y su hijo fueron contactados para transportar una carga. Durante el recorrido en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca) fueron abordados por personas armadas que les hurtaron sus pertenencias, sacaron ilegalmente 9 millones de pesos de sus cuentas y los retuvieron durante dos días. Por su liberación exigían el pago de 90 millones.

Judicialización

Una fiscal especializada adscrita al Gaula de la Seccional Cundinamarca imputó a los capturados, los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios.

Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Los procesados

Uno de los presuntos integrantes de ‘Los Caminantes’ es Miguel Andrés Palacio González quien estaba cumpliendo medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Esta persona sería el enlace principal con detenidos en el centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Además, tiene investigaciones en curso por presuntas extorsiones en Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca) y Sogamoso (Boyacá).

También están siendo judicializadas Diana Diesel Almonacid Salamanca, Ana María Césped es Ticora y Nicol Natalia Castro Aguirre, quienes se encargarían de cobrar el dinero producto del secuestro de las víctimas.

Estas personas fueron capturadas en Bogotá, Tierralta (Córdoba) y El Espinal (Tolima).