Ante los recientes hechos ocurridos en Putumayo, Caquetá́, Cesar y Guaviare, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifiesta su profunda preocupación por las graves situaciones de violencia organizada que continúan afectando tanto a las comunidades de esos departamentos como de otras regiones de Colombia.

En Cesar, en la Serranía del Perijá́, el pasado 24 de octubre el Eln privó de la libertad a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad; luego de desarmarlos, se los llevó con rumbo desconocido, hoy no se tiene conocimiento de su situación actual.

En ese departamento, en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, acusados de robo a ganaderos y campesinos.

Ante estos hechos, ocurridos en tan poco tiempo, la Defensora del Pueblo les exige a los grupos armados ilegales respetar el derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades. “Aun en aquellos casos en los que ha habido confrontación entre miembros de los grupos ilegales, el DIH recuerda también el deber de manejo y disposición digna de los cuerpos de las personas fallecidas en conexión con el conflicto armado, a fin de prevenir posibles actos de desaparición forzada”, señaló́ Marín Ortiz.