A fin de que las entidades competentes atiendan las recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana 020 de 2025 —emitida el pasado 2 de diciembre—, la Defensoría del Pueblo las instó nuevamente a implementar una respuesta oportuna, articulada y eficaz con acciones preventivas, reales y sostenidas en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y 21 municipios de su área de influencia.
Durante la tercera sesión plenaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), convocada por el Ministerio del Interior en Santa Marta, Magdalena, la Defensoría insistió en la necesidad de evitar que los riesgos que puedan ocasionarse por la confrontación armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se profundicen y deriven en afectaciones a la vida, integridad y otros derechos fundamentales de las poblaciones que allí habitan.
Los municipios advertidos en la AT son Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en el departamento del Magdalena; Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira; El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar.
Estas poblaciones están en peligro por el control hegemónico de las ACSN, principalmente en Ciénaga y Santa Marta. También por las pretensiones de consolidación del EGC en Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca, Fundación, El Copey, Bosconia, Valledupar, Pueblo Bello, San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca. Asimismo, por la disputa abierta entre ambos grupos armados ilegales, por la existencia de dominios fragmentados y la coexistencia obligada por conveniencia de intereses criminales, así como por el tránsito en territorios que potencialmente podrían volverse estratégicos.
Los grupos sociales vulnerables identificados por la entidad nacional de derechos humanos son pueblos indígenas (Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka), población afrodescendiente, población campesina y pescadores artesanales ancestrales, liderazgos sociales y comunales (incluye a miembros de juntas de acción comunal), niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de DD. HH., sus colectivos y organizaciones, población socialmente estigmatizada (incluye a personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, OSIGNH) y pueblo Rrom.
Son un total de 38 recomendaciones hechas al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a las gobernaciones del Magdalena, La Guajira y Cesar, a la Fiscalía General de la Nación, Consejería Presidencial para los DD. HH. y DIH (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, Ciprunna), Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otros entes.
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