La Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico de la situación de prestación del servicio de energía en la Región Caribe, en el que se evidenció que de los 3.383.000 hogares que se localizan en los siete departamentos de la región, 181.384 carecen de suministro de energía eléctrica. El 98% de éstos se encuentran ubicados en la zona rural, siendo aproximadamente 116 mil hogares de la zona rural del departamento de La Guajira.

“Se hace necesario reconocer el acceso a la energía como una necesidad básica indispensable para vivir dignamente y para la realización de otros derechos humanos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, lo cual demanda del Estado acciones orientadas a garantizar su efectividad de manera progresiva, que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar general de la población y la vida digna de las personas”, dijo el Defensor Regional Atlántico, Miguel Linero, durante su intervención en la Comisión accidental de seguimiento a la situación actual de las empresas Air-E y Afinia.

Linero manifestó que la Regional tiene un registro de más de 300 peticiones relacionadas con fallas en la prestación del servicio de energía ejecutado por el operador AIR-E E.S.P. Estas quejas son por alta facturación, problemática con deudas, recursos de reposición, cobros indebidos, instalación de medidor inteligente, accidentes y daños a terceros, suspensión de servicios, tutelas, predios desocupados en los que estarían cobrando el servicio, sanciones y problemas con arrendatarios que no pagan, entre otros.

“El porcentaje de quejas relacionadas con la alta facturación equivale a un 38% de las quejas recibidas en la Regional. Asimismo, se destaca que a la Personería Distrital de Barranquilla le allegaron 1.016 quejas contra AIR-E para el año 2021, siendo un 36 % de esas quejas por alta facturación”, agregó.

La Defensoría del Pueblo ha realizado varios requerimientos ante la empresa AIR-E para la corrección en facturas mal generadas; mesas de trabajo con representantes de la AIR-E para mejorar canales de comunicación con los usuarios; reuniones y mesas de trabajo con representantes de entes territoriales en el departamento, sociedad civil y agremiaciones, y ha elaborado acciones constitucionales para la reivindicación de derechos de usuarios y mediaciones y advertencia de problemática social por alza de las tarifas.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los prestadores del servicio de energía eléctrica, empresas AIR-E S.A.S. E.S.P. y para que en el ejercicio de su actividad empresarial respeten los derechos humanos.