A los barrios que están a las afueras de la cabecera municipal de Codazzi están llegando integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), uniformados y con fusiles, para reclutar jóvenes y también a perseguir a otros en las mal llamadas ‘limpiezas sociales’.

Así se describe en la Alerta Temprana de Inminencia 016-2023 emitida por la Defensoría del Pueblo ante el incremento de los homicidios selectivos derivados del proceso de reconfiguración de las estructuras y dispositivos de coacción de las AGC, que buscan consolidarse en ese municipio del departamento del Cesar.

La Defensoría del Pueblo envió la Alerta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien además realiza la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). Allí se explica que “en un área que comprende la convergencia territorial de Valledupar, El Copey y Pueblo Bello el frente Francisco José Morelos Peñate del bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC configuró, a partir de la implantación de un aparato armado, un importante epicentro para su expansión y consolidación desde el cual se han desplegado, por el norte y centro del Cesar, distintos dispositivos de coacción, urbanos y rurales.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió que la situación tiende a agravarse, si se tiene en cuenta la orden de uno de los comandantes del frente Francisco José Morelos Peñate a los mandos de los dispositivos urbanos, entre ellos el de Agustín Codazzi, de arreciar con las acciones de exterminio social.

Resulta grave es que en las últimas semanas se ha constituido, en inmediaciones de la cabecera municipal de Codazzi, especialmente en los entornos de la Trocha de Verdecia, un nuevo epicentro que a las AGC les ha resultado estratégico para hacer presencia permanente en el corredor minero.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo encontró seis tipos de acciones de las AGC que afectan a la comunidad. El primero es la materialización de acciones de exterminio social, traducidas en la comisión de homicidios selectivos que afectan a personas socialmente estigmatizadas y mediante las cuales pretenden transmitir el mensaje a la población de que han llegado para imponer el orden y garantizar la seguridad en el municipio.

En segundo lugar, está la exigencia de aportes económicos como contribución a una supuesta “causa gaitanista” que, más allá de la importancia que podrían tener estas rentas ilícitas para las finanzas de las AGC o sus bandas tercerizadas, su real importancia radica en que se convierten en un instrumento de control social.
En tercer lugar, han venido poniendo en vigor variadas estrategias de reclutamiento para incorporar gente a sus filas, a sus dispositivos de coacción y a sus redes de vigilancia e inteligencia.

En cuarto lugar, se advierte un incremento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de adolescentes y jóvenes en Codazzi, lo cual tiene una relación con el crecimiento de las redes de microtráfico.

El quinto aspecto tiene que ver con denuncias sobre patrullajes nocturnos por hombres que visten prendas restringidas y exhiben armas de largo y corto alcance en los barrios periféricos de la cabecera municipal. Las AGC han hecho presencia en barrios como Betel, Camilo Torres Restrepo, Antillana, Villaluz, Luchito o María Fuentes.

Y, finalmente, en sexto lugar, existe un silencioso pero intenso trabajo de coacción mediante la violencia u ofrecimientos de diferente tipo, dirigido a líderes sociales, principalmente dignatarios de las JAC de algunos barrios, con el que buscan, además de hacerse a una base social, ir perfilando aliados para que ocupen cargos de elección popular.

“Las AGC aprovecharon los últimos meses para fortalecerse militar y financieramente en el territorio, lo que significó su violación reiterada de los derechos humanos con la ejecución de homicidios selectivos, un incremento de extorsiones y el patrullaje en áreas urbanas”, puntualizó el Defensor del Pueblo.