El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recomendó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se evalúe la necesidad de aumentar, dentro del Presupuesto General de la Nación, los recursos para conocer, reducir y atender el riesgo de desastres como consecuencia del cambio climático y la temporada invernal que afecta al país.

La recomendación va encaminada a fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Fondo Nacional y los Fondos Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres.

“Es urgente que se incrementen los recursos destinados a la prevención de riesgos, a la atención de desastres y a la recuperación pos-emergencias y que estos sean adecuadamente priorizados con el fin proteger los derechos a la vida, a la vivienda digna, salud, educación, mínimo vital y seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables” señaló Carlos Camargo.

Para la Defensoría del Pueblo es crucial que los planes de mitigación que se implementen se evalúen y fundamenten en la necesidad de proteger los derechos de las comunidades ante el riesgo que supone el cambio climático para el goce efectivo de los derechos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La recomendación tiene un llamado de urgencia ante el inicio de la segunda temporada invernal, el aumento de las lluvias como consecuencia del Fenómeno de La Niña, aunadas a la severidad y atipicidad de las precipitaciones como efecto del cambio climático, que pueden generar las condiciones propicias para la ocurrencia de crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos, desastres naturales que vulneran los derechos de la población.

“El país no puede olvidar las lecciones que dejó la crisis humanitaria y económica por cuenta de las inundaciones de los años 2010-2011”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

La revisión de los datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha permitido a la Defensoría del Pueblo identificar que, en los últimos años, se ha dado un aumento considerable de desastres naturales en el país. En el 2021 se presentaron 802 inundaciones, frente a las 428 que ocurrieron en el año 2020, lo que constituye un incremento del 87 %.

Respecto a las crecientes súbitas se observó una tendencia al aumento desde el año 2019, que registró 11 eventos, pasando por el año 2020 con 164 y el año 2021 con 236, representando un incremento del 43% en este último período. Finalmente, las avenidas torrenciales pasaron de 46 en el año 2020 a 70 en el año 2021, para un aumento del 52 %.

Ante esta situación, el pasado mes de agosto la Defensoría del Pueblo solicitó a la UNGRD y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo que adoptaran medidas urgentes para prevenir y atender las consecuencias de los eventos climáticos extremos.