La Corte Constitucional tumbó este jueves 26 de octubre el decreto 1270 mediante el cual se adoptaban una serie de medidas encaminadas a atender, de manera especial, la crisis de la salud en el departamento de La Guajira.

El decreto que acaba de tumbar la Corte buscaba adoptar “medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira».

Esta normativa, establecía entre otras, giros directos para la atención primaria en salud que prestarán Centros de Atención Primaria en Salud- CAPS provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Además, precisaba que el Ministerio y la Adres tendrían la labor de definir “el valor del financiamiento de los servicios de la estrategia de Atención Primaria en Salud realizada a través de los Centros de Atención Primaria en Salud- CAPS (…) y realizará el reconocimiento y pago de manera directa con esta proporción, a través de un presupuesto per cápita para el financiamiento de la Atención Primaria en Salud”.

También, establecía la creación de un “modelo de salud propio e intercultural” en el departamento, el cual debía contar con la participación del Ministerio, la Secretaría de Salud y “las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo al pueblo Wayuu; afrodescendientes y Rrom, que habitan en el departamento”.

Medidas para atender la crisis

Para atender la emergencia en La Guajira, el gobierno Petro emitió una serie de decretos, en julio pasado, los cuales buscan establecer las condiciones para hacer frente a la emergencia económica y social por el que atraviesan el departamento.

En total son 11 los documentos suscritos, los cuales tienen que ver con cada uno de los sectores que fueron priorizados en la declaratoria de emergencia.

Recordemos que, a inicio de mes, la Corte Constitucional tumbó el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.

No obstante, la corporación difirió los efectos de su decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, dijo la Corte mediante un comunicado.

Esto significa que la parte de ese Decreto que se relaciona al acceso al agua y saneamiento básico no se caerá de inmediato, sino que seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024. El resto de la norma sí deja de tener vigencia de inmediato. (vía El Tiempo).