Hoy, la Contraloría General de la República reitera su preocupación ante la gravedad de la situación que se sigue evidenciando en la prestación de este servicio público, considerando los diferentes estudios y análisis realizados por este ente de control y lo que expresan distintas empresas prestadoras de servicios, que han tenido dificultades para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable.

Como lo ha venido advirtiendo la Contraloría, si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Creg y la Superservicios, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos.

Para la Contraloría la situación es grave y no ven medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy Air-e, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.

La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la Región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta.