La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación y la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, envió comunicación a las 97 Entidades Territoriales Certificadas en educación a nivel nacional, alertando a los mandatarios locales, gobernadores y alcaldes, para que efectúen todos los trámites jurídicos, presupuestales, financieros, precontractuales y contractuales necesarios, que permitan garantizar de manera prioritaria el inicio oportuno de los programas de alimentación escolar en cada una de sus regiones para la vigencia 2025.

La anterior alerta resulta de extrema relevancia al considerar que la Contraloría Delegada para el Sector Educación a través de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en el 2024, realizó Auditorías de Cumplimiento al Programa de Alimentación Escolar en 67 entidades territoriales certificadas en educación (32 departamentos y 35 municipios) estableciendo 42 hallazgos fiscales en cuantía cercana a los $ 8.000 millones, y en lo corrido de los últimos cuatro años (2020-2024) se han detectado hallazgos fiscales por cerca de $ 52.000 millones en todo el territorio nacional.

Los hallazgos de 2024 corresponden principalmente a irregularidades por presuntos sobrecostos en la prestación del programa (44 %) y a falencias derivadas de inadecuadas supervisiones al PAE (36 %). Los hallazgos de mayor valor se encuentran concentrados en las regiones Pacífico ($ 3.503.088.640), Llanos ($ 1.333.906.282) y Eje Cafetero ($ 1.443.670.953).

Durante el 2024, se presentó afectación en cerca de 3,9 millones niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, en temas asociados al inicio inoportuno del PAE conforme al calendario escolar, problemas en el suministro y la calidad de los alimentos, suspensiones temporales de la atención (mayor número de alertas), declaración de desierto en proceso de licitación y retrasos en la prestación del servicio, encontradas en 48 Entidades Territoriales Certificadas.