Un estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada advirtió que menos del 20 % de los hogares que se encuentran en resguardos indígenas cuentan con acueducto y que el acceso a alcantarillado es prácticamente nulo, lo que evidencia debilidades estructurales en la planificación y ejecución de proyectos en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) dirigidos a esta población.
Según el seguimiento realizado a programas entre el 2018 y el 30 de junio del 2025, existen proyectos suspendidos por $ 62.350 millones, equivalente al 19 %, lo que genera riesgos de sobrecostos, pérdida de oportunidad y programas que se pueden convertir en obras inconclusas.
El estudio analizó 50 proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico que suman en total $ 326.353 millones. La Contraloría evidenció que solo el 52 % cumplen los tiempos contractuales, 14 % están fuera de plazo y un 34 % aparecen con ciclo cerrado, sin claridad sobre el cumplimiento de sus objetivos, lo que refleja limitaciones en la planificación, la gestión administrativa y la mediación de resultados.
Además, se visibilizó que la principal fuente de financiación en 32 de los 50 proyectos se concentra en el Presupuesto General de la Nación, situación que deja ver la necesidad de contar con inversiones de APSB dirigidas a los pueblos indígenas que promuevan esquemas de cofinanciación progresiva e integren de manera articulada las fuentes nacionales, territoriales y alternativas como regalías, cooperación internacional o fondos especiales para población étnica, con el fin de diversificar el riesgo financiero.
El estudio de la Contraloría, identificó además que, aunque la distribución de recursos para proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico se concentra en 13 de los departamentos con mayor presencia indígena, persisten desequilibrios tanto en la cobertura territorial, como en la eficiencia del gasto. La Contraloría evidenció que departamentos con población indígena significativa sobre el total nacional como Córdoba (10,6 %), Cesar (2,7 %), Vichada (3,5 %), Atlántico (2 %) y Antioquia (1,6 %) no han sido beneficiados con estas inversiones.
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