Durante su detención, esta vez en Cómbita, Boyacá, el empresario Carlos Mattos, ligado al caso Hyundai, fue trasladado a la cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

De acuerdo a la defensa, el expresidente de la sede en Colombia de la compañía coreana tiene enfermedades a ser revisadas por la justicia, todo basado en un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A comienzos de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá había tumbado la condena de cinco años y diez meses de prisión que tenía el empresario.

La imputación fue impuesta el pasado 7 de junio por sobornar con 100 millones de pesos a una jueza de la República.

No obstante, la Sala Penal afirma que revisará el caso porque en la sentencia no se establece si hubo un aumento en el patrimonio a favor. La determinación la tomaron tras considerar un recurso de apelación del equipo de defensa del relacionado.

“La Sala comparte el criterio expresado por el delegado del Ministerio Público cuando señaló que no basta que el delegado de la FGN o la defensa del procesado manifiesten que no existe evidencia de un incremento patrimonial producto de los ilícitos, sin que el órgano investigador haya realizado algún acto investigativo con esa finalidad”, dijo el magistrado del Tribunal al tomarse la decisión.

Ahora los archivos del caso volverán al juzgado 11 de conocimiento de Bogotá, que llevaba el proceso. Cabe destacar que Mattos ya había reconocido que envió dinero a la togada en efectivo, testimonio ofrecido luego que se le garantizaran las libertades para seguir comercializando con Hyundai en Colombia.

Se citará a una nueva audiencia, resaltando que el pasado 4 de junio, el mismo Tribunal había anulado otra condena, pero esta de nueve años de prisión, impuesta contra Mattos por razones similares.

Carlos Mattos fue extraditado desde España y antes de su traslado a la capital del Atlántico, se encontraba privado de su libertad de la cárcel de Cómbita, Boyacá, tras protagonizar un escándalo en La Picota, recinto donde obtenía permisos de forma irregular para seguir al frente de sus negocios saliendo y entrando a su oficina, ignorando la medida carcelaria en su contra. (Vía elheraldo.com).