La Corporación Autónoma Regional de La Guajira confirmó a incautación de 855 kilos de carne de tortuga marina, en medio cinco operativos realizados por la Policía Nacional en Riohacha y Uribia. Los controles se efectuaron en diferentes establecimientos que fueron sellados, debido a que no contaban con autorizaciones permisos ambientales para la comercialización de este producto. Durante la diligencia se detuvieron cinco personas por la realización de presuntas infracciones contra un recurso de la diversidad biológica.

Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira, explicó que estos hechos representan un impacto negativo para la preservación de esta especie amenazada, “Rechazamos contundentemente estas acciones que atentan contra la conservación de nuestras tortugas marinas. Resaltamos y agradecemos el trabajo realizado por la Policía Nacional, el cual se seguirá llevando a cabo para controlar esta clase de infracciones ambientales”, agregó.

Adicionalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad para que denuncie la tenencia, caza y comercialización de estas y otras especies, así como todo hecho que afecte o impacte negativamente la biodiversidad de La Guajira.

Conforme a lo manifestado por la entidad ambiental, el producto decomisado corresponde a carne de tortugas verde y carey, catalogadas por el Ministerio de Ambiente como especies en peligro y en peligro crítico, respectivamente; es decir que enfrentan un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.

El material confiscado se trasladó hasta el relleno sanitario de Maicao, en donde fue dispuesto conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de casos. Corpoguajira reitera que según lo estipula la normatividad del país, quien se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie o trafique productos o partes de los recursos fáunicos, forestales y florísticos, de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y en multas de 134 a 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.