La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó el jueves una Ley de Amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, es restringida y no ofrece alivio a cientos de presos políticos en el país, incluidos militares, mientras algunos familiares completaron su quinto día de huelga de hambre en reclamo de la liberación de sus seres queridos.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias de la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en temas como reformas legales, ventas de petróleo y ha excarcelado a cientos de personas, que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos.
El gobierno siempre ha negado que haya presos políticos y dice que los encarcelados han cometido delitos.
El parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, quien fue la que originalmente propuso la ley; dio el jueves el segundo debate requerido por las normas venezolanas para la aprobación definitiva.
Poco después, el jefe de la Asamblea y un grupo de diputados entregaron a la presidenta encargada la nueva ley en un acto en la casa de gobierno.
«Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta Ley de Amnistía», dijo la funcionaria tras firmar la ley.
Pidió a varias comisiones judiciales y a una nueva creada por la norma aprobada el jueves revisar «casos no contemplados en la ley de amnistía» y que «den las recomendaciones pertinentes para curar heridas», aunque no especificó a qué casos se refería.
La ley aprobada contempla la amnistía por la participación en protestas políticas y «acciones violentas» ocurridas durante un breve golpe de Estado en 2002, así como en manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Quedan excluidas las personas condenadas por «rebelión militar» por su participación en los sucesos de 2019.
El texto, de 16 artículos, no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, aunque un borrador anterior sí establecía varios, como la instigación a actividades ilegales, la resistencia a las autoridades, la rebelión y la traición.
El gobierno acusa regularmente a miembros de la oposición de colaborar con entidades como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para perjudicar al país y atacar su infraestructura, acusaciones que la oposición siempre ha negado.
El fiscal general Tarek Saab, quien declaró a Reuters la semana pasada que espera que la amnistía resulte en «un país 100 % pacificado», también insistió en que quienes están encarcelados cometieron delitos y no eran presos políticos, repitiendo afirmaciones que hizo en 2024 antes de que miles de personas fueran arrestadas por participar en protestas en medio de unas elecciones presidenciales controvertidas. (Reuters).
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