Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que las detenciones por motivos políticos continúan ocurriendo en Venezuela como un «ataque sistemático» contra la población y pidió libertad para unas 300 personas consideradas presos políticos.

«Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país. Ello, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos», indicó la oenegé en su nuevo informe sobre las detenciones ocurridas entre 2018 y 2023.

«La diversidad de los perfiles de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela da cuenta de que la persecución no solo se ejerce contra aquellas personas que opinan diferente, sino que también» se busca «enviar un mensaje de amedrentamiento» a «familiares o personas cercanas a quienes se busca reprimir», sostuvo la organización en el informe «Vidas Detenidas».

AI aseguró que «se ha consolidado la criminalización» de las personas a través de tribunales con competencia en terrorismo y advirtió que esto agrava las consecuencias del procesamiento penal.

La organización también identificó «patrones» en las detenciones: ocurren sin órdenes judiciales, falta «independencia judicial», se aplican leyes de forma «ambigua» y se utiliza la «incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas», entre otros.

«El derecho a la libertad, al juicio justo, a la integridad y a no ser sometido a torturas o malos tratos es violado con frecuencia a través de estas prácticas», afirmó.

Según AI, en Venezuela hay cerca de 300 personas apresadas por motivos políticos, entre las cuales identificó nueve casos considerados «emblemáticos», como el de Javier Tarazona, director de la oenegé FundaRedes que atiende a habitantes de las zonas fronterizas.

Tarazona fue detenido en julio de 2021 e imputado por «terrorismo» después de acusar al gobierno de Maduro de tener vínculos con la guerrilla colombiana Eln.

AI pidió al Estado la libertad para todos los detenidos e instó a la comunidad internacional a demandar garantías a Venezuela para evitar la repetición de estas detenciones.

Pidió también a la Corte Penal Internacional (CPI) incluir los casos en la investigación que realiza por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Maduro. (AFP).