La Contraloría General de la República emitió una advertencia a la Aerocivil por las obras inconclusas del lado aire del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, que incluyen la pista, franjas de seguridad, drenajes, etc.), y por el riesgo de pérdida de los casi $ 41.000 millones de recursos públicos que ya se pagaron al contratista de obra, el Consorcio Infraestructura Riohacha.

El organismo de control alertó también sobre la deficiente estructuración, ejecución, interventoría y supervisión de estas obras, que tuvieron un valor inicial de $ 38.376 millones (sin incluir el valor de interventoría) y que, según el primer contratista de obra y la primera Interventoría de este proyecto, podrían tener un valor final aproximado de $ 61.500 millones (un 60,35 % más).

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió a la Aerocivil para que gestione lo necesario y suficiente para garantizar que todas las obras inconclusas previstas en el objeto del Contrato de Obra Pública No 19001312 H4-2019, que terminó por plazo vencido el pasado 19 de noviembre 2022, sean prontamente reiniciadas y adecuadamente finalizadas, de forma que se evite el actual riesgo de deterioro y/o pérdida de las cuantiosas inversiones ya pagadas al contratista de obra y se garantice la plena funcionalidad y seguridad de la pista de este importante aeropuerto, fundamental para la adecuada conectividad aérea de Riohacha.

Rodríguez Becerra presentó en la capital de La Guajira los resultados de una Auditoría de Cumplimiento a la Aeronáutica Civil terminada recientemente, donde se revisó y evaluó la ejecución de los contratos de obra pública Nro. 19001312 H4 de 2019 y 19001458 H3 de 2019, y de los recursos públicos asignados en la vigencia 2021 para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y a la navegación aérea del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.

Esta auditoría estableció 8 hallazgos administrativos, 3 de ellos con posible incidencia fiscal por valor total de $ 29.060 millones, 7 con presunta connotación disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia penal (por modificación del objeto contractual).