Luego de que la ministra de salud Carolina Corcho planteara en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de $ 8,1 billones a $ 3,8 billones, Acemi prende las alarmas respecto de cuatro asuntos que podrían configurar una crisis para el sector salud el próximo año:

Dejar sin financiación los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación supone un problema estructural que involucra a todos los actores del Sistema: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores. El efecto en cadena afecta por sobre todo a los millones de usuarios de este Sistema, que al día presta cerca de 2,2 millones de atenciones.

Durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de salud (frecuencias) por cuenta de tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías al país y el poscovid, lo que sumado al reconocimiento de la inflación (que este año será de dos dígitos), la devaluación y el incremento del salario mínimo generan un aumento en los costos de las atenciones de salud que es necesario financiar por parte de la Nación.

A este panorama deben sumarse los traslados de usuarios de las EPS que están en medidas de vigilancia especial por parte de la SuperSalud y que el Gobierno ha anunciado liquidar. Estos usuarios, que llegnan a EPS con mejores estándares de atención, aumentan el uso de servicios de salud de manera significativa.

Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $ 76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $ 4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios (Presupuestos máximos).

El Sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra se agudiza y pone en riesgo la garantía del derecho a la salud de los colombianos.

“Reducir el flujo de recursos en el Sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.

En ese sentido, Acosta aseguró que para el 2023 el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el valor que el Gobierno les gira a las EPS por cada afiliado) debe reconocer tanto el rezago del 2022 como la expectativa de inflación, la devaluación que determina en buena medida el costo de medicamentos e insumos y la expectativa de aumento del salario mínimo, en donde cualquier incremento por encima del 12 % desfinanciará el sector salud en tanto este es intensivo en talento humano. Lo anterior, sin tener en cuenta posibles modificaciones derivadas de la reforma laboral anunciada por el Gobierno, en donde se ha propuesto el aumento del pago de jornada nocturna y horas extras en un sector que trabaja 24×7”.

Acemi hace un llamado respetuoso al Gobierno y a las comisiones económicas y séptimas para que tengan en cuenta las necesidades de salud de la población en las decisiones que tendrán que tomar frente al Presupuesto General de la Nación para 2023.