La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), imputó el crimen de guerra de tortura al mayor (r) del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por los hechos contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro.
El compareciente reconoció su responsabilidad y deberá elaborar una propuesta de reparación para la recuperación del Cerro Inarwa, sitio sagrado espiritual y de peregrinación del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Siete exintegrantes de la fuerza pública fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por no reconocer su responsabilidad en el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro.
Dos de los remitidos habían sido destituidos por la Procuraduría, y su investigación fue cerrada en la Justicia Penal Militar.
La Sala expulsó de la Jurisdicción al compareciente Daniel Rivera Rincón por investigaciones penales por delitos presuntamente cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz.
La investigación esclareció la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la participación de hacendados y empresarios del Cesar, y los lugares de cautiverio de los Mamos: una casa en Valledupar y la hacienda Bethania, en El Copey, Cesar.
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