Durante el año 2025, la Contraloría General de la República realizó 40 actuaciones de control fiscal en todo el territorio nacional frente a los Recursos del Programa de Alimentación Escolar del Presupuesto General de la Nación, territoriales y regalías, en las que determinó hallazgos fiscales por $ 53.117 millones.
La Contraloría General adelantó auditorías de cumplimiento a 68 Entidades Territoriales Certificadas que representan una cobertura de más del 90 % de los recursos del PAE a nivel nacional y el 70 % de las ETC (97). Como resultado de estas actuaciones se evidenciaron cuarenta y un (41) hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $ 24.254 millones.
Estos resultados se encuentran asociados principalmente a las siguientes causas de daño fiscal, “Sobrecostos” con 22 hallazgos por valor de $ 18.106 millones (75 %), le siguen 12 hallazgos que obedecen a “Pagos sin soportes de ejecución” por cuantía de $ 2.790 millones (12 %), problemas en la “Ejecución contractual” con 3 resultados valorados en $ 2.706 millones (11 %) y continúan resultados por “Incumplimiento de lineamientos del Programa” con 3 hallazgos tasados en $ 649 millones (3 % de la cuantía fiscal).
La región que presenta la situación más crítica es Centro Oriente, donde se encontraron nueve (9) hallazgos por valor de $12.363 millones.
En Soacha (Cundinamarca) se identificó el hallazgo de mayor incidencia fiscal, $ 3.550 millones frente a la totalidad del recurso destinado al programa, derivado de la inclusión de valores en la estructura de costos que fueron pagados por el municipio y que superaron los valores efectivamente ejecutados por el contratista.
Asimismo, hace un llamado urgente a las entidades territoriales y al gobierno Nacional frente a la inoportunidad de la prestación de alimentación escolar para 2026 en algunas regiones del país. Estas situaciones afectan el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo.
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