En la audiencia pública de presentación del informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia.
Este agravamiento está marcado por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.
Los efectos de esta crisis son múltiples y severos. A partir de las encuestas realizadas (3.449), se hizo un ejercicio para determinar el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos, principalmente se identificaron seis (Metformina, Valsartán e Insulina Glargina), que incluye aquellos utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico).
Al determinar el costo del tratamiento mensual y estimando unos ingresos promedios de acuerdo con los reportes contenidos en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7 % y un 90 % de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.
La Defensoría del Pueblo, con corte a septiembre del 2025, además, tiene un reporte de 584 medicamentos diferentes no entregados. El seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48 % de ellos no ha sido resuelto. Ante la no entrega, el 61 % de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular, lo cual representa un impacto económico crítico, que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y pueblos étnicos.
Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25 % de los reportes de no entregas.
Si bien el informe presenta un panorama detallado del 2025, la Defensora del Pueblo dio a conocer las cifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses. Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025. Tan solo en el 2025, el 33,85 % de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82 % de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
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