El instrumento jurídico puesto a consideración del legislativo por el Gobierno reconoce la justicia propia de los 115 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos, refuerza el derecho de los pueblos a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, y proporciona un marco que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
A su vez, establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como traducción del lenguaje y capacitación para los intérpretes, autoridades y operadores judiciales, promoviendo una justicia más inclusiva y recogiendo los elementos jurisprudenciales para la determinación del fuero indígena y los factores para establecer la competencia.
La iniciativa fue radicada por el Ministerio de Justicia junto con el Consejo Superior de la Judicatura ante el Senado, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, reglamentando el artículo 246 de la Constitución.
“La coordinación y articulación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena no es un gesto simbólico: es una garantía concreta de acceso a la justicia como derecho fundamental, expresó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al explicar los fundamentos del articulado propuesto.
La iniciativa pretende llenar vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas por décadas ante la falta de reglamentación y coordinación entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia ordinaria.
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