Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre del 2024, las conductas vulneratorias del derecho de libertad religiosa aumentaron un 31 %, pasando de 13 casos en 2023 a 17 en 2024. El trato discriminatorio hacia iglesias y confesiones religiosas, así como las amenazas de muerte contra líderes y autoridades religiosas, son las conductas que han mostrado un mayor crecimiento. En particular, las amenazas de muerte han tenido un incremento del 50 %, pasando de 4 casos en 2023 a 8 en 2024.

Por este motivo, la institución nacional de derechos humanos se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa por la resolución 2941 de 2019 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En este marco, el Grupo de Libertad Religiosa, adscrito a la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Defensoría del Pueblo, organizó un conversatorio virtual para promover y difundir los derechos humanos, en especial el derecho fundamental a la libertad religiosa, en el sistema interamericano de derechos humanos y en el ordenamiento jurídico nacional.

Durante su intervención, Robinson de Jesús Chaverra Tripton, Vicedefensor del Pueblo, indicó que, en Colombia, la separación entre iglesias y Estado implica el deber de neutralidad de este último en asuntos religiosos. Por ello, aunque la mayoría de la población es católica, el país garantiza la igualdad de creencias y religiones dentro del marco constitucional como una fórmula consensuada de convivencia para la coexistencia de éstas.

En ese sentido, el Estado colombiano no puede favorecer, patrocinar ni adoptar políticas que promuevan o perjudiquen a una religión en detrimento de otras, ya que todas son iguales ante la ley y tienen la misma importancia para el Constituyente.