En septiembre de 2001, a Ismel Macea Mieles, su señora y dos hijas, el Incora les adjudicó una parcela ubicada en zona rural del municipio de Becerril, al noreste del Cesar. El hombre, para la época de 51 años, arribó a la vereda Las Mercedes con su vocación campesina, acompañado de algunas herramientas para trabajar la tierra: azadón, palín, algunas ‘rulas’ (machetes) y una cantidad de semillas que contenían la esperanza de un nuevo comienzo en suelo fértil, ideal para la producción agrícola y la ganadería.

Poco tiempo transcurrió la vida en tranquilidad para las familias campesinas asentadas en los municipios del área de influencia minera cesarense. En los primeros años del nuevo siglo, se recrudeció la violencia en la región Caribe. La disputa del territorio por parte de grupos armados al margen de la ley dejó una estela de crímenes en contra de las víctimas, en su mayoría ajenas a las hostilidades. Población civil atrapada en medio de una guerra fútil, que trajo muertes, desapariciones, además del despojo y abandono forzado de tierras en gran parte del Cesar.

‘El Nival’, predio marcado como la Parcela 17, con sus 20 hectáreas de extensión, era la más preciada propiedad de los Macea, hasta que, en 2002, hombres al mando de alias ‘Zambo’ —lugarteniente de los comandos paramilitares en la zona—, acabaron con la paz de la comunidad. Así se fue minando la tranquilidad en la vereda Las Mercedes, pues el temor de la población crecía a la par de la intensidad del conflicto. En especial, tras los asesinatos perpetrados principalmente por los ‘paras’ en la zona.

Un año después, la muerte se aproximó a la familia: esta vez, las víctimas eran muy cercanas al señor Ismel, pues la pérdida de su tío y primo, el mismo día, bajo las mismas circunstancias y victimarios, fue la prueba amarga de la violenta realidad padecida en aquel tiempo.

Sin embargo, por un momento la necesidad le ganó al temor. A pesar de estos cruentos sucesos, Ismel y su familia continuaron su vida en una tierra que gradualmente pasó de ser el hogar, a convertirse en la base de operaciones del paramilitarismo en la región. Soportaron esta situación hasta que, nuevamente, las balas cegaron vidas inocentes. A mediados de 2004, los cadáveres de dos vecinos fueron literalmente recogidos en hombros por los integrantes de la comunidad, ya que ni las autoridades ingresaban a ese apartado lugar mientras las autodefensas imponían ley y castigo.

Al conocer de la existencia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la familia acudió a la Dirección Territorial Cesar – La Guajira, con sede en Valledupar. Luego de surtir la etapa administrativa y de la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, junto a los abogados de la entidad —adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural —, la familia inició el litigio con la pretensión de restitución de ‘El Nival’. Agotada la primera instancia y sin terceros con interés en el predio, el caso se falló en favor de don Ismel y sus seres queridos.

En agosto de 2023, por decisión de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el caso fue resuelto. El brazo de la justicia por fin alcanzó a un hombre que ahora tiene más canas, a sus 74 años. Pero su edad avanzada no es impedimento para su intenso deseo de volver a disfrutar lo que siempre fue suyo: la tierra restituida, la que 23 años atrás la nación le adjudicó para vivir.

A la diligencia de entrega material del predio acudió Ismel, junto a sus hijas, quienes ya adultas han sido testigos de la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en defensa de sus intereses.