La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que permita a los ciudadanos que perdieron o abandonaron sus casas como consecuencia del conflicto armado postularse por segunda vez para acceder al subsidio familiar de vivienda, otorgado por el Gobierno nacional.

En el concepto enviado a la Corte, el Ministerio Público señaló que debe reforzarse la protección otorgada a las víctimas del conflicto armado, de manera que tengan una segunda oportunidad de solicitar dicho beneficio, tal como ocurre actualmente con quienes han sido afectados por actos terroristas.

Por esa razón, la Procuraduría solicitó que se amplíe el alcance del artículo 6 de la Ley 3 de 1991, que reguló el subsidio de vivienda familiar, a efectos de reforzar la protección otorgada por el Gobierno nacional a las víctimas del conflicto en el Decreto 1533 de 2019.

Para el órgano de control, la exclusión de las víctimas de la violencia del ámbito de protección de la ley “genera una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por la misma”, razón por la cual, aunque el artículo demandado se ajusta a la Constitución, debe adicionarse para que permita superar la omisión evidenciada.

El Ministerio Público puntualizó que “la inclusión de un condicionamiento que supere la omisión legislativa relativa constatada no solo remedia la afectación del principio de igualdad, sino que de contera tiene el efecto de superar las posibles barreras que la norma genera frente al derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto”.