El incumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento se convirtió en el pilar de lo que será la reclamación de las víctimas de desplazamiento forzado al Gobierno nacional.

En ese sentido, los representantes por este hecho victimizante de los 32 departamentos y del distrito capital reunidos desde este jueves en Bogotá iniciaron su trabajo de incidencia, contemplando 10 ejes temáticos vitales para su reparación integral y el resarcimiento de sus derechos, entre esos están: prevención y protección, seguimiento a la Ley 1448, indemnización y asistencia humanitaria, restitución de tierras, protocolo de participación y retornos y reubicaciones.

Además, trabajaron un componente social para determinar el avance de las políticas públicas relacionadas con salud, vivienda, generación de ingresos, empleabilidad y educación.

Orlando Burgos, representante de este hecho victimizante en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y coordinador de la mesa departamental de Santander señaló: “El objetivo puntual y claro, a la fecha y después de 18 años, es cómo estamos hoy producto de esta macrosentencia, que entró a proteger de manera diferencial a la población desplazada con una estrategia que nos debe llevar a dos cosas fundamentales: primero, que se retomen las audiencias en la Corte Constitucional para poner nuevamente el tema del desplazamiento sobre la mesa y sea visible para toda la sociedad y, segundo, la atención, reparación integral y restitución a esta población víctima del conflicto armado”.

Agregó que es necesario dar prelación al eje temático de desplazamiento forzado en las mesas de participación efectiva de las víctimas, para que se pueda desarrollar realmente una actividad de visibilización, incidencia y seguimiento desde el territorio hacia el orden nacional.

“Somos más de 8 millones de víctimas, el número sigue aumentando. En el año 2021 se habla de más de 70 mil nuevos desplazados en el país. Se debe retomar la atención diferencial que definió la Corte Constitucional como la población más vulnerable entre los vulnerables; las políticas públicas para esta población siguen en deuda”, señaló Orlando Burgos.