Luego de que hombres armados le dieron 12 horas para marcharse del pueblo, un ciudadano renunció a su trabajo, huyó inicialmente a Bogotá y abandonó su vivienda ubicada en el barrio 23 de agosto en San Alberto, Cesar, donde habitaba con su mujer y con sus hijos.

Luego de su desplazamiento, cuando se enteró de la existencia de la URT, estos desplazados que ya se encontraban asentados en el departamento de Santander, se trasladaron hasta la Unidad e hicieron la reclamación de su predio.

“Estoy muy contento por la decisión, este proceso ha sido transparente, sin palancas y sin burocracia, por eso antes que nada quiero hacer un reconocimiento especialmente a los profesionales de la URT que supieron orientarme y avanzar eficazmente con mi solicitud”, expresó el beneficiario al enterarse de la sentencia proferida por el Tribunal de Cúcuta, que ordenó una restitución por equivalencia con otro predio urbano o rural de iguales circunstancias al que tenía y que le será entregado por el Fondo de la URT.

El magistrado del caso decidió ordenar la restitución por equivalencia para el ciudadano y su familia, pues el predio que era reclamado está ocupado por personas que fueron reconocidas como víctimas y se pudo definir que eran ajenas a las circunstancias que motivaron el despojo del reclamante, por lo tanto ellos podrán continuar habitando y permanecer en el inmueble. Esto con el fin de no generar revictimización en el marco de los casos de restitución.

“La política de la URT en el Magdalena Medio siempre será defender los derechos de todos aquellos que por causa de la violencia dolorosamente tuvieron que dejar sus tierras para salvaguardar sus vidas” manifestó Álvaro Prada, director de la URT en esa región.