Núcleos familiares campesinos provenientes principalmente de los municipios cerasenses y guajiros de El Copey, Chiriguaná, La Paz, El Paso, Bosconia, San Diego, Becerril, Agustín Codazzi, Pelaya, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Curumaní, Fonseca, San Juan del Cesar y otros tantos desde Magdalena y sur de Bolívar; además de Barranquilla y Santa Marta, llegaron a la capital de Cesar para recibir acompañamiento por parte de funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y de defensores públicos, en el marco de las acciones integrales que desarrollan estas entidades en favor de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La líder del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios de la URT, Angelith Núñez, quien coordinó las jornadas junto a su equipo nacional y de la territorial Cesar, La Guajira, indicó que desde su área se hace un trabajo en todo el territorio colombiano para identificar los estancamientos de los procesos y así realizar acciones como la efectuada en Valledupar. Vale la pena contar que con esta se han realizado cinco jornadas de trabajo en todo el país.

«A partir del seguimiento e información de nuestros equipos y al trabajo conjunto con Defensoría del Pueblo, nos proponemos agilizar para que se realicen las sucesiones, evitando largos procesos jurídicos que por lo general superan los cinco años para estas familias que ya cuentan con fallos de restitución a favor. Es una tarea medular en nuestra misión de dar cumplimiento a la ley, con base en las órdenes de las sentencias de restitución», destacó Núñez, al ser consultada sobre el alcance de la jornada en Valledupar.

Astrid Navarro Rodríguez, directora territorial de la URT del Cesar y La Guajira, indicó que desde el gobierno nacional se orientan acciones específicas para optimizar procesos, agilizando los tiempos de respuesta de la URT.

«Por directriz de nuestro presidente Gustavo Petro y del director general de la URT Giovanni Yule, se vienen desarrollando tareas y encuentros para cumplir con la Ley de Víctimas y los reglamentos, transformando el escenario jurídico de años atrás en el que se negaba el 70 % de las solicitudes de las personas con necesidad de restitución. En esta nueva etapa en Colombia, revertimos ese porcentaje, porque de cada diez solicitudes, siete o más son inscritas, y luego de inscritas y con sentencia de restitución en favor de las víctimas, hacemos seguimiento a los procesos del posfallo, como garantía de su estricto cumplimiento», dijo Navarro.