En los últimos 20 meses, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró inscribir 5.692.220 hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de las cuales 77.534 están inscritas en ruta individual y 5.614.686 en ruta colectiva, garantizando el derecho fundamental a la restitución de tierras y territorios de las víctimas.

En términos de sentencias, los jueces y magistrados han emitido 1.521 sentencias en los últimos 20 meses para la restitución de 92.662 hectáreas. Además, el Gobierno Nacional facilitó la entrega material y por compensaciones de 35.674 hectáreas.

Por primera vez se implementó el componente de seguridad alimentaria atendiendo a 13 comunidades étnicas con 11.083 familias. Esto significó una inversión de 33.961 millones de pesos.

Dimos la vuelta al indicador La Unidad mejoró la tasa de aprobación de solicitudes de restitución, que pasaron de una negación del 65 por ciento en administraciones anteriores, al 72 por ciento de aprobación bajo la actual gestión de Giovani Yule.
En las evaluaciones que se realizaron, la Unidad encontró que había posibles favorecimientos a las prioridades e intereses empresariales sobre los derechos de las víctimas.

Por esto, se eliminó el equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura (AMEI) y se introdujo un enfoque socioambiental en los procesos de restitución.

Junto con el Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas se radicó el proyecto de ley en el Congreso de la República, que busca agilizar los procesos de tierras que no tienen oposición para adelantarlos por vía administrativa.

Este enfoque es parte de una reforma más amplia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que también incluye medidas para reconocer y compensar a víctimas ubicadas en reservas forestales o parques nacionales.

Para descongestionar el cúmulo de casos, se implementaron ocho nuevos juzgados de restitución de tierras, cinco de los cuales están dedicados exclusivamente a casos étnicos.

Según indicó el director Yule, “estos juzgados están diseñados para atender eficazmente las demandas de restitución de tierras de comunidades afrodescendientes y campesinas, asegurando procesos más justos y equitativos”.