El 10 de junio se cumplieron 13 años de sanción de la Ley 1448 de 2011, instrumento legal que ordena jurídicamente el proceso de Restitución de Tierras, dando facultades misionales a la URT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como encargada de gestionar en favor de las víctimas del conflicto armado que padecieron el despojo y abandono forzoso de tierras a partir del 1 de enero de 1991.

En el marco de la conmemoración de esta significativa fecha, la Dirección Territorial de la URT en Cesar y La Guajira presenta un balance favorable de gestión tras 22 meses del Gobierno del Cambio. En este periodo, se ha gestionado el equivalente al 85 % de todas las solicitudes recibidas en cuatro años de la administración Duque.

De igual manera, los porcentajes en cuanto a casos resueltos en etapa administrativa muestran otro indicador que destaca en esta territorial. Sobre todo, al comparar las cifras de inscripción de procesos en favor de las víctimas que, antes del Gobierno Petro, resultaban con un 30% de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), y con un alarmante 70 % de negaciones.
Se resalta que, en lo que va de este gobierno la balanza descrita se ha revertido, por cuanto en la actualidad, en la URT Cesar-La Guajira las cifras de no inscripción bajaron al 35 %, dejando las inscripciones en el 65 % de los casos que son estudiados formalmente en etapa administrativa. Todo esto en atención al debido proceso, fundamentado en la Ley 1448, con base a los enfoques de Acción sin Daño y Diferencial de Atención, miradas con las que -en esta etapa de gestión de la Unidad de Restitución de Tierras- se trata integralmente al campesinado colombiano, el cual ha sido reconocido como Sujeto de Especial Protección para el Estado.