La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su equipo de Asuntos Étnicos, gestionó de manera articulada con comunidades indígenas Wayúu de La Guajira la presentación de cinco demandas de restablecimiento de derechos territoriales ante la justicia especializada, como parte de los compromisos misionales establecidos para el año 2025 en cumplimiento del Decreto Ley 4633 de 2011.

Para este fin, la entidad adelantó un proceso participativo y respetuoso de la autonomía indígena, que inició con el contacto directo con las comunidades y que, después de surtida la etapa administrativa y la inscripción de los territorios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), siguió con la validación colectiva de las pretensiones en las asambleas de caracterización de afectaciones. Finalmente, este proceso ha dado un paso crucial con la presentación de las demandas que abren el camino hacia la reparación integral y la restitución de 860 hectáreas de territorio ancestral wayúu, además del restablecimiento de otros derechos vulnerados por ocasión del conflicto armado interno en el departamento de La Guajira.

Compromiso institucional con la nación Wayúu

Para Sergio Murillo Clavijo, director territorial de la URT en Cesar y La Guajira, este trabajo refleja la misión de la Unidad y el aporte al proceso de restitución de tierras, el cual se corresponde con los propósitos orientados hacia la paz en los territorios. “El acompañamiento a estas comunidades no es solo un cumplimiento legal, es una obligación ética del Estado. Cada demanda presentada es el resultado de un trabajo riguroso, concertado y respetuoso de su cosmovisión, que reafirma el compromiso de la entidad con la restitución de derechos territoriales en dignidad”, señaló.

Las demandas presentadas ante la justicia benefician a cinco comunidades wayúu del departamento de La Guajira. En el municipio de Maicao, dos procesos colectivos avanzan: el primero en favor del Resguardo Irrualú, ubicado en el corregimiento de Carraipía, que espera la restitución de 558 hectáreas de territorio y donde 154 familias (600 personas) han padecido afectaciones desde 1993 por el accionar de las Farc y estructuras paramilitares, que derivaron en: abandono forzado, asesinato de una autoridad tradicional, violencia basada en género, pérdida de la soberanía agroalimentaria y limitaciones al gobierno propio.

En este mismo municipio está la comunidad de Campamento, que agrupa a 200 familias (850 personas), víctimas desde 1995 de desplazamiento masivo y abandono del territorio, así como de violencia basada en género, afectaciones culturales y espirituales, violencia selectiva y pérdida de la soberanía alimentaria, producto del accionar paramilitar. En esta nueva etapa, en espera de justicia, pretenden la restitución de 15 hectáreas de territorio ancestral.

En Riohacha, capital del departamento, la comunidad de Mayales Quemao, ubicada en el corregimiento de Camarones, reúne a 134 familias (450 personas), quienes entre otros derechos reclaman la restitución de 110 hectáreas, por cuanto, desde 1995 padecieron confinamiento, uso indebido del territorio para cultivos ilícitos, abandono forzado por temor al reclutamiento de menores y pérdida de la soberanía alimentaria, como consecuencia del accionar de guerrilla y paramilitares, lo que golpeó de manera profunda su relación espiritual, cultural y productiva con la tierra.

Mas al centro del departamento, en el municipio de Albania, la comunidad Charito, conformada por 81 familias (500 personas), ha sido afectada desde 1993 por confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos armados, pérdida del gobierno propio, tal como afectaciones ambientales asociadas a la explotación minera de El Cerrejón y limitaciones al desarrollo espiritual y cultural; hechos atribuidos a las Farc, el Eln y paramilitares. Ante estas afectaciones, como parte de la demanda, se solicitó la restitución de 95 hectáreas, así como la garantía para otros derechos vulnerados.

Finalmente, el Resguardo San Francisco, ubicado en zona rural de Barrancas, integra a 134 familias (500 personas) quienes desde 1992 fueron víctimas de: confinamiento, asesinatos de líderes, reclutamiento de menores, violencia basada en género y restricciones a sus prácticas culturales. Con la demanda presentada por la URT Cesar-La Guajira, además del restablecimiento de otros derechos afectados, se reclama la restitución de 81 hectáreas de su territorio ancestral.