La historia de Pablo José Muñoz e Isabel Dolores Bolívar quedó marcada por el desarraigo. Hace más de tres décadas, en 1995, la violencia de la guerrilla los obligó a abandonar su predio, un terreno de 32 hectáreas en la vereda La Estrella, que el Estado les había adjudicado en 1991 a través del antiguo Incora. No alcanzaron a ver restituida su tierra: ambos fallecieron lejos del lugar donde levantaron su hogar y sembraron esperanza.

La familia Muñoz Bolívar debió abandonar su tierra por las amenazas del grupo armado ilegal, el cual, además de asesinar a varias personas en la zona, pretendía reclutar a los hijos de Pablo e Isabel. El miedo los obligó a dejar el predio, tomando rumbo hacia lugares seguros, principalmente para los hijos, a quienes protegieron hasta sus últimos días de vida.

Pero tres décadas después, en una decisión que reivindica la memoria de quienes no pudieron volver, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó la restitución jurídica y material de la ‘Parcela 23’ a favor de la masa herencial de los esposos Muñoz Bolívar.

Hoy, los hijos de este matrimonio regresaron en su nombre a la parcela. La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) acompañó todas las etapas del proceso, que avanzó con la entrega material del predio. Ellos han decidido retomar la vocación campesina en una región redefinido en dignidad como el Corredor de La Vida, del cual hace parte el municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.

Por otra parte, la sentencia también reconoció la buena fe exenta de culpa de otra familia, cuyos integrantes fueron considerados legalmente como segundos ocupantes. La justicia ordenó que la URT les compense económicamente con el valor comercial del predio. De esta forma, la decisión garantiza la restitución integral y el equilibrio de derechos contemplado en la Ley 1448 de 2011.

El fallo dispuso además la asesoría jurídica gratuita por parte de la Defensoría del Pueblo para adelantar el proceso sucesoral. Así mismo, ordena la vinculación de la familia a programas de atención, vivienda rural, salud y formación laboral, además de la implementación de un proyecto productivo por más de 40 salarios mínimos legales vigentes, que será ejecutado con recursos del Grupo Fondo.

“Este resultado refleja la convicción de la URT de devolver la tierra y con ella la dignidad a las familias que sufrieron el despojo. Cada restitución es una reparación que permite reconstruir el proyecto de vida de quienes lo perdieron todo”, destacó Piedad Ramírez Ariza, directora territorial de la URT Cesar – La Guajira.

Para los hijos de Pablo José e Isabel, volver a la ‘Parcela 23’, después de tanto tiempo, significa más que recuperar una extensión de tierra: es honrar la memoria de sus padres y el esfuerzo con que un día hicieron fértil aquel rincón de La Jagua de Ibirico. La restitución cierra un ciclo de dolor y abre la posibilidad de un nuevo comienzo sobre el mismo suelo donde nació su historia, esa que volverán a escribir tras ser restituidos por el Estado.