La Superintendencia Nacional de Salud ordenó hoy, por el término de un año, la intervención forzosa para administrar de la EPS Famisanar a nivel nacional, luego de evidenciar el deterioro de sus indicadores financieros, el creciente número de quejas de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada.

La EPS tiene 3.049.712 afiliados en 21 departamentos del país, la mayoría de los cuales se concentran en Bogotá y Cundinamarca (77 %), Santander (4,46 %), Boyacá (4,34 %) y Tolima (2,92 %). También tiene usuarios en Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En otros 6 departamentos tiene menos de 10 afiliados.

La decisión fue adoptada por el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, tras una evaluación al desempeño de los componentes administrativos, financieros, jurídicos y técnico científicos de la EPS que llevó a concluir que Famisanar no está cumpliendo con su objeto social, tiene dificultades crecientes para garantizar a sus afiliados el acceso a servicios en salud y ha elevado el riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con sus acreedores en el corto, mediano y largo plazo por el incremento de sus pasivos en más de 140% desde 2021.

A la par con la medida, la Superintendencia designó como agente especial interventor al frente de la EPS a la administradora financiera Sandra Milena Jaramillo, quien toma posesión hoy y deberá empezar a cumplir 14 órdenes dadas por la Supersalud para garantizar el derecho a la salud de los afiliados.

Altos niveles de quejas y desprotección En este año las insatisfacciones de los afiliados a la EPS Famisanar vienen en aumento progresivo, llegando a 59.391 peticiones, quejas, reclamos y denuncias radicadas ante la Supersalud entre enero y junio de 2023.