En aras de reforzar las acciones de inspección y vigilancia a las Secretarías de Salud, Departamentos Administrativos y Direcciones Territoriales de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud viene realizando la evaluación a los actores vigilados frente al cumplimiento de los lineamientos expedidos por el ente regulador, y el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los 32 departamentos del país.

“El diagnóstico que hemos realizado durante estos cuatro meses de trabajo nos ha permitido consolidar una hoja de ruta que además nos generó unas alertas claras que hoy son prioridad para la Entidad en aras de garantizar la vida y salud de los ciudadanos”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.

Como resultado de este ejercicio, a la fecha, se han efectuado un total de 38 auditorías a las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales para verificar aspectos trazadores importantes como:

La operación de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres-CRUE.

La implementación de los Sistemas de Emergencias Médicas – SEM.

El seguimiento a la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones y Subsidio a la Oferta.

Asimismo, se han desarrollado 11 visitas a los generadores, recaudadores y administradores de recursos del sector salud; y adicionalmente, se han realizado 49 mesas técnicas para monitorear el cumplimiento de los temas priorizados por el Gobierno Nacional como son:

Plan de aceleración para la reducción de Mortalidad Materna.
Desnutrición en niños menores de 5 años.

Coberturas del programa ampliado de inmunizaciones y campaña de vacunación contra Sarampión y Rubéola.

La contratación del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión en la Salud Pública.

El Plan de contingencia para el control de brotes y epidemias de dengue.

Los laboratorios de salud pública.

Dentro de las acciones de inspección y vigilancia ejecutadas por la Supersalud en las entidades territoriales, se han evidenciado fallas de tipo administrativas, financieras y jurídicas que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes del territorio y la ejecución eficiente de los recursos del sistema de salud razón por la cual se han ordenado investigaciones administrativas con fines sancionatorios que permitan generar los correctivos necesarios y la implementación de un plan de acción que estabilice la operación de estas autoridades en territorio.

Como resultado de este ejercicio, priorizado por la actual administración se trasladaron 23 procesos a la delegada de Investigaciones Administrativas de la Supersalud.