En los 16 primeros meses del periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud ejerció la inspección, la vigilancia y el control con 36 auditorías y 6 medidas cautelares a instituciones que prestan los servicios de salud a pacientes víctimas de accidentes de tránsito y cuya atención es pagada con recursos del Soat.

Las entidades auditadas son 25 instituciones prestadoras de servicios de salud y 11 empresas de Transporte Especial de Pacientes (TEP), ubicadas en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Risaralda, Cesar, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander y Bogotá.

“Con las visitas inspectivas, la Supersalud busca que se adopten decisiones que impacten la calidad de la prestación de los servicios a la población, a través de los planes de mejoramiento que deben garantizar la corrección de las deficiencias encontradas”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.

A través de las medidas cautelares se ordenó la cesación provisional de las acciones que ponían en riesgo la vida o la integridad física de los pacientes y cobijaron a la Corporación Médica Salud para los Colombianos, sede Pinares y a la IPS Fracturas y Fracturas SAS, ubicadas en Pereira (Risaralda); la Clínica Erasmo Ltda., ubicada en Valledupar (Cesar); la Clínica Bahía y TEP RUC Magdalena, en Santa Marta, y la Clínica Santa Ana, en Cúcuta (Norte de Santander).

Los resultados de las auditorías fueron trasladados a las secretarías de salud territoriales correspondientes, la Fiscalía General de la Nación, los ministerios de Trabajo y Transporte.