La Superintendencia Nacional de Salud adoptó nuevas decisiones contra la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos del país, tras encontrar deficiencias de tipo administrativo, asistencial, financiero y jurídico en su desempeño de los últimos años.
En total, son tres medidas especiales que están dirigidas a vigilar la forma en que la EPS viene realizando el giro de recursos a su red de atención, a proteger a sus más de 1.5 millones de usuarios, y a investigar la conducta particular de uno de sus exdirectivos por la presunta omisión de reportes financieros que eran de obligatorio cumplimiento.
Mediante la Resolución 2123 del abril 29 de 2020, y con fundamento en la Ley 1438 de 2011, la Supersalud abrió una investigación administrativa contra José Javier Cárdenas, exrepresentante legal de la EPS Comparta, por considerar que, presuntamente, no efectuó una serie de reportes de información financiera que debían hacerse en diferentes fechas de 2018.
Un segundo proceso contra Cárdenas, mediante el acto administrativo 2124 del 29 abril de 2020 se abrió por hechos similares, pero ocurridos en 2019 es decir, bajo la vigencia de la Ley 1949, por lo que, de comprobarse su responsabilidad, podría verse incurso en una sanción a título personal de entre 50 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o incluso enfrentar una inhabilidad hasta por 15 años para ejercer cargos en la administración de recursos públicos del Sistema de Salud.
El exrepresentante legal de Comparta EPS cuenta con cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa.
Por último, la Superintendencia prorrogó hasta el próximo 27 de octubre de 2020, la medida preventiva de vigilancia especial que rige sobre Comparta EPS, a fin de velar por la prestación de un buen servicio a los más de 1’539.000 usuarios que tiene en los departamentos de: Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.